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En España la morosidad ha sido una realidad enraizada en el entorno empresarial desde hace tiempo, imponiendo una dinámica de retraso en el pago en cadena que va alcanzando a todos los operadores del mercado, y apenas se ha mitigado con la Ley de 2004, por su falta de aplicación.
Los impagados constituyen uno de los factores que provocan que una de cada cuatro pymes -en nuestro país- se encuentre con problemas financieros. La morosidad está estrechamente vinculada a la coyuntura económica. En épocas como la actual, en la que los resultados económicos atraviesan un momento difícil, a las empresas en general les cuesta cada vez mas cumplir con sus obligaciones de pago adquiridas, lo que supone el conocido aumento de la presentación de concursos de acreedores y, por supuesto, la generalización en la demora de los pagos y la escalada en la cifra de impagados.
Expansión explica que:Los impagos entre sociedades superan los 15.000 millones de euros cada mes De hecho, sólo los impagos de las compañías españolas en 2008 alcanzaron un total de 200.000 millones de euros. Y esta cifra engorda cada mes en más 15.000 millones, según los cálculos de Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudio de Morosología del EAE Business School, basados en los datos del INE.Con algunas cifras muy significativas:
- El plazo medio de recobro es, de media, de unos seis o siete meses, por lo que quedarían por recuperar más de 100.000 millones de euros.
- Los que más sufren la “pandemia” de la morosidad son los proveedores sanitarios y los de la construcción, que soportan plazos medios de cobro superiores a 230 días, y los del sector alimentario, de casi 100 días.
- La tasa de impagados alcanzó el 7,10% en enero de este año, 4 puntos superior a la del mismo mes del ejercicio anterior
Pimec, por su parte, anuncia la constitución de la llamada Plataforma multisectorial contra la morosidad, exigiendo a la Administración la modificación de la actual Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales. La Plataforma representa ya a más de 700.000 empresas, pymes y autónomos de toda España, con un volumen de negocio superior a los 380.000M de euros, proponiendo establecer, por ley, un plazo máximo de pago fijado en 30 días y, excepcionalmente, en un periodo transitorio, de 60 días a partir de la fecha de factura.
Esta propuesta coincide con la reforma legal que ya ha entrado en vigor en Francia, que establece un plazo máximo de pago en operaciones comerciales de 45 días a contar desde el último día del mes o 60 días a partir de la fecha de emisión de la factura o de recepción de la mercancía o servicio prestado, plazo que será obligatorio en Francia durante un periodo de transición de 5 años, tras el cual el plazo legal será de 30 días, y sujeto a un régimen sancionador, que tiene como principal premisa, defender al acreedor ante un impago.
Concluyendo que en el entorno actual con enormes dificultades para obtener financiación externa por parte de las empresas, adquieren especial relieve las posibilidades de intentar obtenerla a través de vías alternativas. Por eso mismo, pasar de los 120 días actuales a 60 días de cobro supondría que las pymes ahorrarían anualmente unos 4.000M de euros en costes financieros.
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